La bancabilidad constituye uno de los aspectos más importantes para cualquier empresa que busca obtener financiamiento para desarrollar un proyecto. Sin embargo, es común pensar que la bancabilidad depende exclusivamente de la rentabilidad esperada, de la capacidad de pago del solicitante o de la existencia de un activo atractivo. La realidad es mucho más compleja. Antes de otorgar un crédito, una institución financiera analiza si el proyecto ofrece la certeza jurídica, financiera y operativa suficiente para minimizar riesgos y garantizar que podrá ejecutarse conforme a lo planeado. Aunque el gobierno corporativo suele ser uno de los primeros aspectos que se revisan, en realidad constituye únicamente uno de los diversos factores que influyen en la decisión de financiar un proyecto.
En nuestra experiencia, la bancabilidad se construye desde la etapa de planeación. Un proyecto correctamente estructurado genera confianza, reduce incertidumbre y facilita el proceso de análisis por parte de inversionistas, bancos, fondos de inversión e instituciones financieras.
La bancabilidad comienza mucho antes de solicitar un crédito
Muchas empresas consideran que el proceso para obtener financiamiento inicia cuando preparan una solicitud de crédito o presentan su modelo financiero ante una institución financiera. Sin embargo, la realidad es distinta.
La bancabilidad comienza desde la estructuración misma del proyecto. Cada decisión que se adopta durante su desarrollo puede incrementar o disminuir la confianza de quienes eventualmente aportarán los recursos necesarios para su ejecución. Aspectos corporativos, regulatorios, contractuales, financieros, fiscales e inmobiliarios deben analizarse de forma integral para reducir contingencias y fortalecer la viabilidad del proyecto.
Mientras mayor sea la certeza jurídica y financiera, mayores serán las posibilidades de acceder a financiamiento en condiciones competitivas.
Gobierno corporativo: el primer elemento de confianza
Uno de los primeros aspectos que revisan las instituciones financieras es la forma en que se encuentra organizada la empresa responsable del proyecto.
El gobierno corporativo no consiste únicamente en cumplir formalidades legales. Su finalidad es establecer reglas claras para la administración de la sociedad, la toma de decisiones, la supervisión de sus administradores y la protección de los intereses de socios e inversionistas.
Durante un proceso de financiamiento resulta común que las instituciones financieras revisen la existencia de libros corporativos actualizados, la celebración oportuna de asambleas, la integración de los órganos de administración, la vigencia de los poderes otorgados a representantes legales, la correcta identificación de los accionistas y beneficiarios controladores, así como la congruencia entre los estatutos sociales y la operación real de la empresa.
Una estructura corporativa sólida transmite organización, transparencia y estabilidad. Por el contrario, las deficiencias corporativas generan incertidumbre respecto de quién puede obligar a la sociedad o adoptar decisiones relevantes, incrementando el riesgo percibido por el financiador.
Certeza regulatoria: demostrar que el proyecto es jurídicamente viable
La rentabilidad de un proyecto pierde valor cuando existen dudas sobre su viabilidad jurídica. Antes de otorgar financiamiento, las instituciones financieras suelen verificar que el proyecto pueda desarrollarse conforme al marco regulatorio aplicable y que las autorizaciones necesarias hayan sido obtenidas o exista una estrategia jurídica clara para su obtención.
Dependiendo del sector económico, ello puede implicar la revisión de permisos, concesiones, autorizaciones ambientales, licencias municipales, registros administrativos, cumplimiento de normas oficiales mexicanas y demás obligaciones regulatorias.
En sectores altamente regulados, como energía, infraestructura, telecomunicaciones o minería, la certeza regulatoria adquiere una importancia determinante. Una modificación normativa, la pérdida de un permiso o el incumplimiento de obligaciones regulatorias puede afectar directamente la ejecución del proyecto y comprometer su capacidad para generar los ingresos previstos.
Información financiera confiable y preparada conforme a las NIF
Uno de los aspectos que con mayor frecuencia pasa desapercibido durante la estructuración de un proyecto es la calidad de su información financiera. En nuestra experiencia, no basta con presentar estados financieros; éstos deben reflejar razonablemente la realidad económica de la empresa y encontrarse elaborados conforme a las Normas de Información Financiera (NIF).
Las NIF permiten que la información financiera sea homogénea, consistente y comparable, facilitando que inversionistas e instituciones financieras comprendan la situación patrimonial de la empresa, su desempeño y su capacidad para atender las obligaciones derivadas del financiamiento.
Hemos observado proyectos técnicamente sólidos que enfrentan dificultades para acceder a crédito porque sus estados financieros presentan inconsistencias o no fueron preparados conforme a las NIF. Cuando ello ocurre, las instituciones financieras suelen solicitar aclaraciones adicionales, auditorías, garantías complementarias o incluso suspender el proceso de análisis hasta contar con información confiable.
Por el contrario, estados financieros elaborados bajo estándares técnicos reconocidos fortalecen la confianza, agilizan los procesos de due diligence y contribuyen directamente a mejorar la bancabilidad del proyecto.
Derechos sólidos sobre los activos
Todo proyecto necesita sustentarse sobre activos respecto de los cuales exista plena certeza jurídica. Las instituciones financieras revisan que el desarrollador cuente con derechos suficientes sobre los inmuebles, instalaciones o bienes indispensables para ejecutar el proyecto.
Dependiendo del caso, ello implica revisar títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, usufructos, servidumbres, concesiones, derechos de vía y cualquier otro instrumento que permita acreditar la disponibilidad jurídica de los activos. La ausencia de certeza respecto de estos derechos incrementa considerablemente el riesgo del financiamiento.
Contratos que distribuyan adecuadamente los riesgos
Los contratos representan una de las principales herramientas para administrar los riesgos de un proyecto. Las instituciones financieras analizan no solamente la existencia de contratos, sino también la forma en que éstos distribuyen responsabilidades entre las partes.
Resulta común revisar cláusulas relacionadas con incumplimientos, garantías, limitaciones de responsabilidad, fuerza mayor, cambios regulatorios, mecanismos de solución de controversias, penalizaciones y causales de terminación anticipada. Cuando los riesgos contractuales se encuentran correctamente distribuidos, el proyecto adquiere mayor estabilidad y previsibilidad, fortaleciendo la confianza de quienes aportarán el financiamiento.
Un modelo de negocio claramente definido
Todo proyecto necesita responder una pregunta fundamental: ¿cómo generará ingresos? La respuesta debe encontrarse sustentada en un modelo de negocio sólido, coherente y financieramente viable.
Las instituciones financieras necesitan comprender quiénes serán los clientes, cuál será la fuente de ingresos, cómo se recuperará la inversión y cuáles serán los flujos que permitirán atender el servicio de la deuda.
Cuando el modelo de negocio presenta inconsistencias o carece de claridad, aumenta la incertidumbre y disminuye la bancabilidad del proyecto.
Las proyecciones financieras deben tener respaldo jurídico
Los modelos financieros parten de diversos supuestos relacionados con ingresos, costos y crecimiento. Sin embargo, dichos supuestos también deben encontrarse respaldados jurídicamente. No basta con proyectar la venta de un producto o la prestación de un servicio; debe existir un marco legal que permita desarrollar dichas actividades y contratos que sustenten los ingresos esperados.
Cuando las proyecciones descansan sobre permisos aún no obtenidos, autorizaciones inciertas o contratos inexistentes, el riesgo del proyecto aumenta significativamente. La viabilidad financiera y la viabilidad jurídica deben avanzar de manera coordinada.
El due diligence legal como herramienta para fortalecer la bancabilidad
Antes de comprometer recursos, las instituciones financieras suelen realizar procesos de due diligence legal con el propósito de identificar contingencias que puedan afectar el desarrollo del proyecto o la recuperación del crédito.
Dependiendo de las características de la operación, este análisis puede comprender la revisión corporativa, regulatoria, contractual, inmobiliaria, laboral, ambiental, fiscal y de propiedad intelectual.
Un due diligence oportuno permite identificar áreas de oportunidad antes de iniciar el proceso de financiamiento, corregir deficiencias y reducir significativamente la percepción de riesgo por parte de inversionistas y financiadores.
La gestión integral de riesgos
Todo proyecto enfrenta riesgos. La diferencia entre un proyecto sólido y uno vulnerable radica en la capacidad para identificarlos y administrarlos oportunamente.
Las instituciones financieras valoran positivamente aquellos proyectos que cuentan con mecanismos para gestionar riesgos regulatorios, corporativos, contractuales, fiscales, inmobiliarios, ambientales, financieros y operativos. La prevención continúa siendo una de las herramientas más eficaces para proteger una inversión.
La bancabilidad se construye desde la estructuración del proyecto
La bancabilidad no se obtiene cuando una empresa presenta una solicitud de crédito; se construye desde la planeación y estructuración del proyecto.
Un adecuado gobierno corporativo, certeza regulatoria, información financiera preparada conforme a las Normas de Información Financiera, derechos sólidos sobre los activos, contratos correctamente estructurados, un modelo de negocio bien definido, un proceso de due diligence oportuno y una adecuada gestión de riesgos constituyen algunos de los principales elementos que fortalecen la confianza de inversionistas e instituciones financieras.
En Esponda Abogados asesoramos a desarrolladores, inversionistas e instituciones financieras en la estructuración jurídica de proyectos de inversión, con el objetivo de fortalecer su bancabilidad y aumentar sus posibilidades de acceder a financiamiento en condiciones competitivas.
Porque un proyecto verdaderamente bancable no es únicamente aquel que promete ser rentable; es aquel que demuestra, con fundamentos jurídicos, corporativos y financieros sólidos, que puede ejecutarse con seguridad, generar confianza y ofrecer certidumbre a quienes deciden invertir en él.
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